La Revista Brasilera de Economía Social y del Trabajo (RBEST) es un periódico científico electrónico de publicación continua, creado en el 2019 en el Centro de Estudios Sindicales y de Economía del Trabajo (CESIT) del Instituto de Economía, vinculado al Portal de Periódicos Electrónicos Científicos de la UNICAMP. Es una revista de circulación internacional, cuya misión es difundir análisis y reflexiones académicas escritas en portugués, inglés, francés o español. El acceso a los textos es libre y gratuito.
RBEST publica artículos inéditos en dos áreas del conocimiento: economía social y economía laboral. La atención se centra en la publicación de artículos que presenten resultados de investigaciones académicas o que contribuyan a la comprensión de un debate teórico, así como las revisiones críticas de libros publicados en una de estas dos subáreas. Se da prioridad a los artículos no publicados que estimulan el debate académico y la reflexión crítica a nivel nacional e internacional, motivando el intercambio de ideas y contribuyendo a la difusión del conocimiento.
Toda la información sobre la política editorial de RBEST, así como las pautas para los autores, están disponibles en la siguiente dirección:
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La RBEST está estructurada en cuatro secciones: artículo original, debate, dossier y reseña. Las presentaciones pueden hacerse en cualquier momento en la plataforma Web. No se cobran tasas.
Sección Especial: Convocatoria
¿“Ajuste” de Derechos Sociales? Una historia de dos crisis
Entre el 17 y 24 mayo del 2021 tuvo lugar una conferencia virtual intitulada “Social Rights under Adjustment? A tale of two crises”. Los participantes analizaron los efectos resultantes de las políticas de ajuste estructural, en particular respecto a la seguridad social, no solamente en Portugal, sino también en países europeos, latinoamericanos y africanos. Esta edición especial tiene por reto complementar y avanzar el rico debate iniciado en la conferencia. Ambas actividades integran el proyecto de investigación PTDC/DIR-OUT/32096/2017 – “ART 63 – El derecho a la seguridad social y la crisis – el retroceso social como normalización del estado de excepción financiera” – financiado por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (Portugal).
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En situaciones de crisis de la balanza de pago o de finanzas públicas, países y gobiernos se enfrentan a una difícil elección entre la suspensión de los pagos relativos a la deuda exterior o recurrir a préstamos multilaterales o bilaterales. Frente a esta dura decisión, la mayoría ha optado por el recurso de los préstamos. En especial cuando involucran a instituciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), los acuerdos suelen estar condicionados a la adopción de parte del país beneficiario del préstamo de un programa de ajuste estructural (SAP en inglés), que consiste en un conjunto de medidas destinadas a la corrección de “desequilibrios estructurales”. La suposición subyacente es que estas medidas serían teóricamente adaptadas a los contextos nacionales de los países beneficiarios. Sin embargo, una observación de estos programes muestra que los SAPs siguen un conjunto de principios que se mantienen constantes en todos los países y en el tiempo, como: la consolidación fiscal, la devaluación interna, la privatización y el crecimiento impulsado por las exportaciones. Los acuerdos son presentados como fruto de una “negociación” entre el FMI y los gobiernos nacionales (o como iniciativa aislada de los últimos). A los gobiernos nacionales se les atribuye también la responsabilidad de implementar las medidas acordadas. Esto abre una vía alternativa de debate: ¿la condicionalidad es compatible o conflictúa con la apropiación de las políticas adoptadas? Es decir, ¿cómo es posible comprender la implementación del SAP como condición asociada al préstamo y al mismo tiempo como un conjunto de medidas apropiadas por los gobiernos nacionales responsables por implementarlas (lo que exime a los actores exteriores de asumir la responsabilidad por las consecuencias derivadas del proceso de reforma)?
Por otro lado, algunos países experimentaron una adopción voluntaria de la agenda económica neoliberal, normalmente presentada como la única opción posible para sanear a las cuentas públicas y acelerar el crecimiento económico. Ya sean vistos como una imposición exterior, como una decisión autónoma del gobierno nacional o como resultado de una negociación entre las partes, es importante reconocer que los SAPs traen serias implicaciones (principalmente negativas) para las políticas y los derechos sociales. La política social sugerida por el Consenso de Washington (o por lo que todavía queda de ello) tiende a favorecer la gestión individual del riesgo, ampliar la focalización, reducir las prestaciones y aumentar las condiciones. Pese a que el FMI sea una institución del sistema de las Naciones Unidas, los SAPs, en general, tanto en razón de su concepción como por sus consecuencias, están en conflicto con las declaraciones de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Esta situación puede agravarse con el pasar del tiempo, puesto que pueden conducir a profundizar la recesión y, por lo tanto, al deterioro de las condiciones económicas, sociales y políticas.
Como consecuencia de la crisis financiera del 2008 y de la crisis del euro en el 2010 y 2011, varios gobiernos recurrieron al FMI y firmaron Memorandos de Entendimiento (MoU, en inglés) con la Troika (FMI, Banco Central Europeo y Comisión Europea) que establecían las medidas de “ajuste” a adoptar como contraparte del apoyo financiero recibido. Como resultado del “ajuste”, los sistemas de seguridad social, así como otros dominios de la política social, fueran sometidos a alteraciones significativas. También a continuación de la crisis del 2008 y/o en otros momentos, los sistemas de seguridad social sufrieron cambios importantes en los países donde las medidas de “ajuste” resultaron de decisiones tomadas a nivel nacional con escasa o nula presencia de instituciones externas.
En lo que respecta a sus orígenes, la crisis socioeconómica causada por la pandemia del COVID-19 tiene pocas similitudes con los episodios precedentes. No obstante, la actual crisis y las anteriores están conectadas. Primero, porque las crisis previas pueden haber impactado fuertemente el sistema de seguridad social y reducido su capacidad de respuesta ante la presente crisis. En segundo lugar, porque en razón de la profundidad y de la duración de la crisis del COVID-19, se exigió de los gobiernos nacionales esfuerzos fiscales de gran magnitud para enfrentar los efectos económicos y sociales nacidos de esta, lo que puede crear una ventana de oportunidad para el regreso de las ideas de austeridad y de devaluación interna.
La respuesta política a la pandemia ha pasado, hasta ahora, por medidas de emergencia destinadas a contener el desempleo y garantizar una renta mínima a las familias, englobando no solamente personas ya pertenecientes al sistema de protección social, pero también antiguos y nuevos grupos vulnerables. ¿Será esta respuesta puramente provisional? Deberíamos esperar el regreso a políticas de enfrentamiento de la crisis basada en la devaluación interna y en ajustes de carácter restrictivo de la política social? ¿De
qué modo la experiencia resultante de las crisis anteriores puede contribuir a orientar las decisiones? ¿Y qué podemos aprender desde otras experiencias?
Partiendo de los temas mencionados, invitamos a los autores y a las autoras a presentar artículos que:
– Examinen los efectos del “ajuste” en el rediseño de las políticas sociales y del sistema de seguridad social en diferentes contextos;
– Comparen los efectos del “ajuste” en las políticas sociales entre distintos países o regiones;
– Comparen las experiencias anteriores de “ajuste” (década de 80 y 90) con las más recientes (años 2000 y 2010);
– Analicen las lecciones aprendidas con las crisis anteriores y con las estrategias de “ajuste” y discutan como aplicarlas para fortalecer los derechos sociales ante una nueva crisis;
– Examinen de qué modo las medidas de “ajuste” anteriores puedan haber condicionado la capacidad de respuesta de los sistemas de protección social frente al COVID-19;
– Discutan como promover y fortalecer los derechos sociales durante y después de la pandemia del COVID-19.
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Los artículos pueden presentarse hasta el 15 de septiembre de 2021.
Información adicional por correo electrónico: [email protected]
Coordinadores
Tiago Oliveira – Investigador en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (Portugal).
Maria Clara Oliveira – Investigadora en el Instituto de Derecho Económico, Financiero y Fiscal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa (Portugal) e Investigadora Asociada en el Centro de Estudios de la Metrópoli (Brasil).
Ndangwa Noyoo – Profesor Asociado del Departamento de Desarrollo Social e Investigador en el Centro Zola Skweyiya African Social Policy Innovation (ZSASPI) de la Universidad de la Ciudad del Cabo (Sudáfrica).L
